En la sesión participaron el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, junto a la jefa de departamento jurídico, Fernanda Badrie.
Este proyecto modifica las leyes que establecen normas para el financiamiento de estudios de Educación Superior y sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario.
El proyecto busca que se suspenda total o parcialmente la obligatoriedad de pago de las cuotas de créditos de educación superior por parte del deudor, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.
Asimismo, la iniciativa plantea que las cuotas suspendidas se agreguen a continuación del término del período original de pago, extendiéndose este por los meses que dure la suspensión.
La moción también suspende la facultad de la Tesorería General de la República por la que retiene la devolución de impuestos a la renta del deudor de crédito para el año tributario 2021, en virtud de las consecuencias de la pandemia por Covid-19.
Sobre la obligación de pago de las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) o por cualquier otra deuda contraída con la finalidad de financiar para sí o para terceros estudios de educación superior, el proyecto señala que también podrá ser suspendida por parte del deudor durante la vigencia del estado de excepción constitucional.
Reserva de constitucionalidad
Sin embargo, tanto por parte del Ejecutivo como de parlamentarios oficialistas se hizo reserva de constitucionalidad de los artículos que conforman el proyecto, por considerar que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En la instancia, el subsecretario Vargas señaló que como Ministerio de Educación se encuentran preocupados de la situación de deudores y estudiantes, frente a lo que han presentado propuestas que dan soluciones a diferentes problemas que pueden enfrentar, por lo que, a su juicio “un proyecto de ley como este parece innecesario considerando los beneficios que ya existen”.
Además, señaló que quienes están morosos pueden reprogramar sus deudas; quienes están al día y se encuentran cesantes o viviendo con ingresos del Fondo de Cesantía, pueden suspender el pago de cuotas y quienes aún estudian, pero se han visto afectados económicamente por la crisis, pueden acceder a nuevas postulaciones para financiamiento de sus carreras.
La comisión definió que el proyecto sea informado a la Sala por la diputada Camila Vallejo (PC) y a juicio de la diputada Camila Rojas (Comunes), presidenta de la instancia, la iniciativa no debería seguir un trámite en la comisión de Hacienda. Sin embargo, esto sería algo que los comités parlamentarios podrían modificar.